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2 respuestas a La Caixa

  1. ESCRITO PRESENTADO ANTE LA FISCALIA, pidiendo una investigación sobre las Cajas:

    FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
    C/ Manuel Silvela, 4
    MADRID

    (A la atención del Sr. FISCAL ANTICORRUPCIÓN)

    Estimado señor:
    Me siento en el deber de presentarle este escrito de denuncia, al observar lo que está ocurriendo con las Cajas de Ahorro populares y las entidades financieras en general.
    Me parece importante decir que yo era cliente de las Cajas por una decisión consciente de que podía estar contribuyendo a mantener entidades que, por lo menos teóricamente, trataban de ofrecer servicios financieros desde una perspectiva ética, sin ánimo de lucro, y que generaban un patrimonio público en beneficio de la sociedad en su conjunto, confiando en que su gobierno y administración estaba en manos de personas designadas democráticamente por los representantes de la población, bajo el control y vigilancia de las autoridades económicas y políticas, tanto estatales como autonómicas, así como del banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
    Pero, a la vista de los acontecimientos, es evidente que estamos ante una conspiración desarrollada a lo largo de los últimos 15 ó 20 años, para expoliar el patrimonio público de las Cajas entregándolo a la iniciativa privada, concretamente a bancos cuyos responsables pagarán un precio que pasará a formar parte del patrimonio adquirido; es decir, no sólo se apoderan de lo que compran, sino que recuperan su inversión, por lo que no importa que paguen 1 euro (como en el caso de la CAM) o mil millones, ya que la plusvalía está garantizada.
    Si se menciona tan largo periodo de tiempo, es porque a principios de la década de los 90, se tuvo el primer indicio de lo que estaba por venir: En las hemerotecas se puede encontrar una frase pronunciada por el que entonces era presidente de la Asociación de la banca privada (Sr. Termes), con la que señalaba cual debía ser la estrategia futura.
    Dijo algo así como “Las Cajas de Ahorro USURPAN más del 50% del mercado financiero, QUE NOS PERTENECE”. Lo que podemos entender como un llamamiento a la “conquista” de ese mercado, concentrándolo en unos pocos bancos privados, con desprecio de las LEYES que garantizan la libre competencia o la que prohíbe la creación de MONOPOLIOS, incluyendo los OLIGOPOLIOS.
    El negocio financiero es de los más rentables, por lo que es fácil entender porqué hay tanto interés en unificarlo y controlarlo desde un pequeñísimo grupo de privilegiados. Baste con decir que los Servicios bancarios se han impuesto como imprescindibles para el 99% de las actividades de las personas o de las empresas, lo que les da total libertad a los bancos para establecer tarifas y condiciones con la mayor rentabilidad, y por eso les “estorba” cualquier tipo de competencia en el ámbito de lo que se suele llamar “mercado cautivo”.
    En España existen o existían normas y disposiciones para controlar la actividad de las entidades financieras, limitar los posibles abusos y garantizar una libre competencia, dando lugar al mantenimiento de una Banca Oficial especializada, que contrarrestara la tendencia especuladora de la banca privada y se favoreciera el desarrollo de entidades planteadas con objetivos exclusivamente sociales, sin ánimo de lucro, orientadas al bien común, como las Cajas de Ahorro, Cooperativas de crédito y otros modelos de banca ética posibles. Pero esas normas se han ido relajando o cambiando hasta llegar al momento presente.
    Por eso no es descabellado hablar de un largo periodo de maquinaciones necesario para cumplir los objetivos propuestos, procurando que la sociedad pueda aceptar la nueva situación, minorando las protestas o acciones que pudieran producirse ante un expolio que resultara demasiado evidente.
    Era necesario alterar las reglas y normas vigentes, a fin de que se adapten a los intereses de los conspiradores, y así se inicia un periodo de cambios en las prácticas financieras, relajando los servicios y funciones de control sobre todo el sistema financiero.
    El primer hito se marca con la privatización de la banca pública, incluido, en la práctica, el banco de España que, además de cerrar sus puertas al público en general, se convierte en BANCO DE BANCOS, y su administración y dirección pasan a estar en manos de los dirigentes bancarios privados, ya sea por su capacidad de manipulación como por una vinculación directa, ya que varios de los miembros de su Consejo estuvieron o están vinculados a bancos privados u organismos internacionales, relacionados con las doctrinas neoliberales.
    Pero, además, es necesaria la complicidad de los políticos en el poder, que han de facilitar los cambios de la normativa para un buen desarrollo de todo el proyecto, con la complicidad de los medios de comunicación, gestionados por empresas dependientes financieramente de los grupos bancarios.
    Si, además, al banco de España se le asigna una dirección y un Consejo General, integrado por personas favorables a las doctrinas Neoliberales, y los funcionarios destinados a la vigilancia de las entidades financieras se ven constreñidos a relajar sus funciones, ya sea por el recorte de medios, como por directrices concretas, es fácil comprender como se puede acabar con la reputación de las Cajas de Ahorro en las que, después de una cuidadosa labor para desmantelar cualquier atisbo de gobierno democrático y transparente, se imponen las prácticas especulativas de la banca privada para con sus clientes, los que, poco a poco, van aceptando esa sibilina transformación, asumiendo que tanto da ser cliente de una Caja como de un banco, inconscientes de que en las decisiones que tomen los administradores de “su” CAJA hay unas personas que (teóricamente) les representan, ya que (teóricamente) tenían que ser elegidas con su participación en el proceso de elección .
    Pero esos son “detalles” que sistemáticamente fueron ocultados al público en general, para tener el control mayoritario sobre las personas que integran dichos órganos de gobierno.
    Todo se hace para esconder el objetivo de expoliar el patrimonio de las Cajas, además de para imponer, en la práctica, “unas tarifas unificadas por los Servicios Financieros” y una política financiera puramente especulativa, decididos desde un oligopolio.
    El segundo hito se refiere a la dificultad que suponía la existencia de 74 Cajas de Ahorro, todas ellas autónomas, vinculadas además a comarcas concretas y diferenciadas por la peculiaridad de sus órganos de gobierno, para lo cual, además de relajar las normas democráticas sobre la constitución de los órganos de gobierno de esas Cajas, se les permite emprender una carrera de fusiones y absorciones, instándolas además a expandirse territorialmente, para generar competencias que rompan su tradicional coordinación organizativa a través de las federaciones autonómicas y la Confederación estatal (CECA) pero, además, permitiendo que se adopten métodos y prácticas de la banca privada, orientadas a la obtención del máximo beneficio, con desprecio de la supuesta (para las Cajas) utilidad pública, en sus operaciones.
    Es notorio que los dirigentes del BdE (especialmente MAFO) han insistido repetidamente en la imperiosa necesidad de que las Cajas se fusionasen, demostrando una tendencia hacia conseguir reducir su número y facilitar así su traspaso a entidades privadas.
    Además, se relajó la vigilancia sobre operaciones no permitidas a las Cajas como, por ejemplo, la emisión de “TÍTULOS PREFERENTES”, aplicando modos puramente especulativos, con burdas argucias como la creación de Sociedades Unipersonales, para ofrecer esas opciones de “inversión” en el mercado secundario, que luego son calificadas como “tóxicas” por la CNMV, sin que ello suponga que se prohíba la comercialización de las mismas, dejando desamparados a los clientes frente a unas improcedentes prácticas comerciales.
    A pesar de denuncias sobre las estafas cometidas presentadas a partir del año 2010, ni el BdE ni la CNMV tomaron alguna medida para paliar lo que sistemáticamente venía ocurriendo, ya que dichas operaciones de venta se siguieron efectuando hasta fechas muy recientes.
    Es evidente que ninguno de los organismos mencionados se molestó en comprobar si las entidades denunciadas estaban cumpliendo con las normas establecidas, como por ejemplo, en el caso de los llamados “TÍTULOS PREFERENTES” tenían la obligación de facilitar un folleto Oficial a cada cliente instándoles a su lectura, en donde se describía la naturaleza de la operación, claramente inasumible.
    Pero parece evidente (a la vista de los miles de reclamaciones que se están haciendo en las calles) que la mayoría de las entidades financieras incumplen el eufemístico principio exigido en los escritos del BdE, donde se establece como “obligatorio” que se apliquen las “buenas prácticas bancarias” pero también se menciona que es OBLIGATORIO facilitar dicho folleto al cliente y refrendar que el mismo lo ha leído.
    Se trata, por tanto, de claros indicios de que las entidades oficiales mencionadas, no tienen la intención de controlar el mercado financiero, sometido a los dictados de la banca especulativa, propiciando la destrucción de cualquier opción de mantenimiento de unas finanzas éticas al servicio de la Sociedad, lo que evidencia que es necesario abrir una investigación para depurar responsabilidades de los dirigentes de dichos organismos, por negligentes en sus funciones o cómplices de los hechos consumados.
    Esa tolerancia con las cajas, al permitirles participar en esos mercados fraudulentos, viene a demostrar la intención no sólo de desacreditarlas, sino también que se le generen problemas que justifique su desmantelamiento. Podrán decir que fue para incrementar el nivel de solidez y beneficio económico de las Cajas pero, a la vista de los resultados, habría que concluir que, o han sido unos ineptos incompetentes, o lo que en realidad se estaba buscando era una estandarización de las operaciones: que Cajas y Bancos sean IGUALES en su actitud ante sus clientes.
    Consumada la campaña de “ACOSO Y DERRIBO” de las Cajas, la nueva situación supone el desamparo de las personas y PYMES ante el sistema financiero, que aplica una operativa designada para obtener el máximo beneficio imponiendo las condiciones que más les renten a los banqueros, aunque sean drásticamente injustas e injustificadamente caras.
    Pero, también, sorprende la actitud de entidades de representación popular que fueron las que crearon muchas de las Cajas, como Ayuntamientos y Diputaciones o como la propia institución Monárquica (Caja Madrid) o la Iglesia u otras Entidades, que permanecen pasivos en cuanto a la DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL PUEBLO, CREADO GRACIAS A SU PATROCINIO.
    Se anularon, o no se reforzaron, controles democráticos sobre los métodos para elegir los órganos de gobierno: Asamblea, Consejo y Comisión de control. Por ejemplo la elección de los representantes de los imponentes (generalmente grupo mayoritario), es por COMPROMISARIOS, sin está prevista la participación libre como candidato ya que, para serlo, antes se debe ser elegido en un sorteo (celebrado sin garantías).
    Pero las corporaciones e instituciones implicadas asumen como válida esa situación e, incluso, de los pocos representantes que mantienen en los Órganos de gobierno de las Cajas, no se sabe que hayan consultado o informado a sus compañeros de corporación, ni a la sociedad en general.
    Así pues, para que el plan funcione, es necesario que tanto el Consejo como la Comisión de Control sean dóciles y despreocupados respecto a su papel de representar a los verdaderos derechohabientes de las Cajas de Ahorro, en un proceso que afecta a la mayoría, quedando fuera algunas entidades que no asumieron esa reconversión, demostrando que la misma no era ni obligada y ni conveniente.
    Los miembros de los Órganos de gobierno vienen incurriendo en negligencia y dejación de funciones, ante la pasividad de las autoridades y políticos de turno, que saben muy bien cuales van a ser las consecuencias que se plasman en las decisiones que asumen dichos consejos (contraviniendo las limitaciones previstas para las Cajas): Crean productos financieros especulativos, inician una expansión geográfica disparatada y otras prácticas bancarias atípicas para las Cajas introduciendo, además, cambios en las relaciones con los clientes, empleados e instituciones.
    También les conviene que los balances de las Cajas arrojen malos resultados, al menos en apariencia, para justificar las medidas que se están imponiendo. La interpretación tendenciosa de los balances es fácil, cuando los parámetros que se aplican son variables y subjetivos, susceptibles de ser manipulados.
    Se pretende y se consigue relacionar la problemática surgida como consecuencia del TIPO de entidad, su tamaño y estructuras, cuando la verdadera causa está en la perversión de los objetivos y métodos previstos y utilizados.
    Les interesa presentar una imagen de crisis, la elevada MOROSIDAD les beneficia. Se establece un índice que se considera fundamental, a la hora de valorar la situación de una entidad financiera, estableciendo unos límites respecto a la idoneidad o peligrosidad del parámetro.
    Pero la MOROSIDAD viene determinada por los días que una operación vencida tarda en ser regularizada lo que, lógicamente, depende en buena parte de las condiciones de la operación impuestas por el banco, en lo que se refiere a plazos y otras condiciones.
    Es decir, una de las causas para que la misma se produzca, la encontramos en las condiciones impuestas por la entidad financiera para conceder sus operaciones.
    Si, además, el tipo o porcentaje aplicado en caso de morosidad es desorbitado (para eso se anuló, en el año 2003, una norma sobre el delito de usura), se entiende claramente la estrategia de los bancos, ansiosos de forzar sus beneficios sin preocuparse de las repercusiones sociales…
    En las Cajas de Ahorro, se aplicaba un recargo por demora el 1% anual más sobre el tipo pactado… ¿Qué ha justificado esa subida tan drástica?… ¡Adaptarse a lo que hacían los bancos comerciales!… También tenían un menor índice de morosidad, porque estaban abiertas a la renegociación de las deudas y a FACILITAR condiciones de pago más ajustadas a las posibilidades reales de sus clientes. Es absurdo dar una importancia decisiva a un índice tan arbitrario, cuya valoración es totalmente subjetiva, sometida a criterios fácilmente manipulables.
    La política financiera aplicada subrepticiamente tiene como principal objetivo que las entidades financieras privadas obtengan el máximo beneficio, aplicando argucias que se hacen insoslayables, al dominar el mercado financiero apoderándose de las Cajas y Bancos públicos, que pudieran paliar esos abusos.
    Para ello, no dudan en agravar el clima de inseguridad generado por la crisis que, cuando menos, les suponen las siguientes ventajas:
    1. Justificación y facilidades para recibir ayudas de la Administración.
    2. Adquirir el patrimonio (y apoderarse de su mercado) de las Cajas de Ahorro y de la banca pública.
    3. Encarecer los costes de sus servicios, como si con ello se rebajase el riesgo.
    4. Imponer criterios de gestión económica basados en la rentabilidad financiera y especulativa.
    5. Crear y mantener un Oligopolio.
    6. Crear y mantener voluminosos FONDOS PARA FALLIDOS
    Los FONDOS para fallidos se nutren con cargo a los beneficios, según establece el BdE, según el nivel de morosidad. Son en realidad un recurso para evadir impuestos, ya que supone que el banco contabiliza partidas para esos fondos a costa de beneficios. Es una partida estática sino vincular a ningún depósito inamovible. La ventaja es que, con cargo al mismo, pueden formularse pagos o compensaciones, sin control alguno, convirtiéndolo en lo que se suele llamar “FONDO DE REPTILES”.
    Asi pues el índice de morosidad (que en la práctica mejora los beneficios) lo usan para establecer el grado de solidez contable, cuando el dato que deberían de utilizar es el SALDO de las operaciones realmente fallidas (sin sumar ingresos teóricos). También computan una valoración contable de los patrimonios inmobiliarios, con referencia a un hipotético precio de venta basado en momentos puntuales de un mercado que depende forzosamente de una política crediticia de las propias entidades financieras.
    La relación entre los financieros y sus clientes consiste en que las entidades financieras recogen los depósitos de sus clientes, y al mismo tiempo “conceden” préstamos a los mismos, basando su beneficio en el diferencial entre los intereses que pagan y los que cobran.
    En ese proceso juega un papel fundamental el tiempo, ya que el mismo determina los importes que por intereses que se “intercambian”, calculados según un plan de vencimientos convencional, que las entidades financieras establecen según su conveniencia.
    En la práctica los depósitos efectuados por los imponentes están permanentemente disponibles (las operaciones a plazo son poco significativas), mientras que la devolución de los préstamos y créditos tienen que ajustarse a unos plazos inapelables en lo que se refiere al coste, ya que las demoras e incumplimientos suponen elevados recargos y gastos arbitrarios, que el deudor (y su aval) debe de asumir inexcusablemente.
    Aun cuando parece que los depositantes “disfrutan” de una mayor disponibilidad de sus ahorros, frente a los financieros, que tienen que ajustar la recuperación de los préstamos y créditos concedidos, a la rigidez de los plazos establecidos, la realidad es bastante diferente.
    Así vemos, en la práctica, que el volumen total del dinero depositado en las entidades financieras no varía, por muchas operaciones de reintegro que se efectúen, pues el dinero fluye de nuevo a las entidades financieras, o ni siquiera “sale” de las mismas, cuando la disposición se hace por medio de una tarjeta de débito con la que se paga cualquier consumo o gasto. (Las tensiones pueden surgir cuando la estrategia comercial de las distintas entidades genere diferencias en el flujo de capitales, por eso tienen el objetivo de agruparse e incluso es importante “absorber” las cajas de Ahorro, para controlar el 100% del mercado por el menor número posible de bancos).
    El coste para la entidad por los depósitos recibidos son mínimos, ya que no solo mantienen cuentas no retribuidas, sino que establecen unas comisiones y gastos a cargo del depositante que termina “pagando” por tener una cuenta, en lugar de obtener una rentabilidad por sus ahorros. Así pues la disponibilidad del dinero para la entidad es permanente, sin plazos y con gastos mínimos y sin tensiones por recargos o demoras, como ocurre con la otra vertiente del negocio: Los créditos y préstamos concedidos.
    En este caso, el funcionamiento es completamente diferente, empezando porque el deudor tiene que asumir las condiciones que se le impongan, arriesgándose a tener que pagar gastos y recargos si retrasa el cumplimiento de los plazos; así es fácil entender que se aplique una rigidez máxima, ya que el incumplimiento supone mayores beneficios para la entidad financiera.
    Es evidente que el “diferencial” entre lo que la entidad paga a los depositantes y lo que le cobra a los deudores por préstamos es sustanciosa, máxime si del total de lo abonado como intereses a los depósitos recibidos, restamos las comisiones y gastos por otros servicios, como comisiones por recaudación para la Administración Pública, transferencias, subvenciones a intereses, operaciones de bolsa e intermediación, comisiones por descubiertos, etc., así resulta que las cuentas acreedoras a la entidad financiera les reporta un beneficio directo, en lugar de un gasto por la teórica retribución que tendrían que hacer.
    En cualquier caso, es evidente que el valor de la Caja, para ser vendida a un banco, está condicionado por la MOROSIDAD que la misma presenta en su balance. Así convienen préstamos sin regularizar por lo que la Caja ni procede ni acepta fórmulas para que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones.
    Por la misma razón, les interesa alegar un inmovilizado invendible. Lo que no es cierto, ya que el 100% de las viviendas embargadas ya tenían un comprador, al que en muchos casos bastaría con darle facilidades para resolver sus problemas y una mantener estabilidad que evitase el aluvión de embargos generado.
    Es de suponer que han sido los Consejos de Administración, con el visto bueno de las Comisiones de Control respectivas, las que han decidido aceptar esas operaciones, pero debe cuestionarse su legalidad (y, por lo tanto, la validez de la transacción) en cuanto a quién o quiénes representan y qué papel se ha reservado para los verdaderos usufructuarios de las Cajas (usuarios, empleados y entidades fundadoras).
    En estos días, en NOVA CAIXA GALICIA (o NOVA GALICIA BANCO), un grupo de inversores (especuladores) están negociando la compra de “activos” (préstamos concedidos por las Cajas) por un valor de dos mil millones… por los que ofrecen ¡500 millones!… Lógicamente, lo hacen para obtener pingües beneficios que, aún serán mayores si se incluye la parte correspondiente de los FONDOS PARA FALLIDOS, afectados a esos préstamos que se venden.
    Se supone que corresponde al BdeE vigilar y controlar las Cajas de Ahorro, a las que exigirles el cumplimiento de unas normas, que se han ido degradando.
    Pero esa responsabilidad hay que exigírsela a las personas que gestionan el BdeE, ya que no se les pueden haber pasado desapercibidas las maniobras descritas someramente. Pudieran alegar que fueron los cambios de las normativas las que han permitido dicha evolución, pero también es su responsabilidad proponer medidas y reglamentos, para que sean aprobados por las Cortes o por el Gobierno de turno, por lo que entre los dirigentes del BdE se han de encontrar personas responsables, que actuaron con un ilegitimo interés propio, al servicio de la maquinación aquí denunciada.
    Una de las acusaciones que se formula en el presente escrito, es que, en la entrega del patrimonio de las Cajas a la banca, se maniobra para que las mismas tengan un precio de venta lo más bajo posible. La razón pudiera estar en que de esa forma, los que facilitan la venta pueden obtener “comisiones” por facilitar una compra más “barata”.
    Quiero denunciar que existen indicios de que el papel desempeñado por los dirigentes del BdeE que, aunque aparentemente es una institución al servicio de la ciudadanía y la defensa de sus derechos, se decanta claramente a favor de los intereses de la banca privada, facilitando su desarrollo sin control y contribuyendo al deterioro de la conducta de las Cajas de Ahorro, primero para facilitar su desmantelamiento y, también, para desacreditarlas ante la población en general.
    Así se ha llegado al expolio del patrimonio público, lo que parece sobradamente importante como para no permitir que se consoliden las operaciones puestas en marcha, retrotrayendo a sus orígenes las operaciones realizadas de fusión y reconversión, evitando que todo sea transferido en la forma prevista. Ya que todo el proceso se desarrolló sin solicitar las opiniones ni respetar los derechos de los afectados (entidades fundadoras, clientes y trabajadores).
    En mi ignorancia jurídica, entiendo que puedo plantear un INTERDICTO que pare el proceso en marcha de bancarización de las Cajas de Ahorro, porque se están quebrantando tanto mis derechos como los de otras personas y entidades relacionadas con las Cajas, ya que su carácter público se deben recuperar esos derechos que no se respetaron.
    En general, se coincide con otras muchas personas que llegaron a las mismas o parecidas conclusiones. Me parece lógico, por tanto, acudir la esa Fiscalía reclamando una investigación que permita depurar responsabilidades y restaurar los derechos avasallados, participando en la campaña de recogida de firmas patrocinada por diversas organizaciones ciudadanas.
    La legalidad de la representación de la mayoría de los miembros de los citados Consejos de las Cajas de Ahorro es muy cuestionable ya que, sistemáticamente, se degradaron (en lugar de mejorar) los métodos que teóricamente deberían garantizar una participación democrática en los consejos, bajo el control y vigilancia del BdeE y de las autoridades monetarias.
    Parece evidentemente que necesario investigar cómo y por quien se tomaron los acuerdos, que beneficios obtuvieron los participantes: directivos administradores que recibieron enormes indemnizaciones, a pesar de su desastrosa gestión, y miembros del Consejo y Comisión de Control que quizá obtuvieron beneficios personales ya que, segundo mi propia experiencia como Consejero, tuve la evidencia de cómo en la Caja de Ahorros Municipal de Vigo se repartían prebendas a través de la aplicación del Fondo para Fallidos a préstamos no pagados, pero a los que tampoco se les ejecutaban las garantías.
    Por ejemplo, se canceló un préstamo de cuarenta millones con cargo a los dichos fondos de la Caja, cuando el deudor tenía pendiente de cobro a la propia entidad una factura por cincuenta millones. (Las denuncias no tuvieron efecto sino que, al contrario, por hacerlo, fui despedido, por revelar secretos del Consejo).
    Tuve a suerte de que, sin llegar ajuicio, me indemnizaron muy por encima de lo previsto por la Ley, sin que yo hubiera pedido nada más que la permanencia en mi puesto de trabajo, pero después de varios años de enfrentamiento, me sentí obligado a aceptar, máxime ante las expectativas respecto a las posibilidades legales de ser devuelto a mi puesto de trabajo. Con anterioridad al despido ya se me hicieron ofertas sustanciosas, de promoción profesional dentro de la Caja o cualquiera otra prebenda que pudiera ocurrírseme, si “cambiaba mi actitud tan exageradamente negativa”.
    Ante semejantes experiencias, no me parece exagerado suponer que en todo el proceso se hayan mantenido actitudes dolosas, merecedoras de sanción y, una vez confirmadas, se decreten las correcciones precisas para restituir la situación anterior. Así, partir de la misma, se podrá proceder a la un saneamiento de las instituciones para que cumplan los fines sociales para los que fueron creadas.
    No hay que olvidar que los dirigentes que “resolvieron” los problemas por mi participación en el Consejo de Caixa Vigo, son los mismos que acordaron aplicar la nefasta política de fusiones y reconversiones.
    Es evidente, por tanto, que la investigación debe de referirse al Banco de España que no cumplió con su papel de entidad controladora de las actividades de las cajas, al equipo directivo de cada Caja y, principalmente, a los miembros del Consejo de Administración que se aprovecharon de sus cargos para obtener beneficios espurios.
    Lo mismo ocurre con las inoperantes Comisiones de Control, que nunca se pronunciaron, ni siquiera se dieron a conocer, aun cuando su aprobación debería de ser necesaria para cualquier decisión dentro de cada Caja.
    Como cliente, considero que fueron mis representantes en el Consejo los que participaron o la menos permitieron esa operación de saqueo, pero yo nunca fui convocado para que pudiera elegir esos representantes, y ni siquiera la Caja me facilitó el nombre de quienes eran, a pesar de habérselo solicitado oportunamente, para conocer en directo las razones de sus decisiones al respecto. Y, en semejante situación, estoy seguro de que se encuentran la gran parte de los clientes de las entidades.
    Tampoco tuve noticias de renovaciones en el Consejo o en la Comisión de Control, pues entiendo que los cargos deben de renovarse cada dos años por mitades alternativas, mediante procedimientos democráticos que, en mi apreciación, tradicionalmente siempre fueron de dudosa legalidad. (Cuando menos es sospechoso que D. Julio Fernández Gayoso, jubilado como Director General, aparezca como miembro y Presidente del Consejo como representante de los clientes, ya que para ello es necesario ser seleccionado entre en todos los clientes en un sorteo, que en general y por mi experiencia califico como espurio, por carecer de garantías democráticas).
    Entiendo que también los representantes en el Consejo de las entidades públicas fundadoras de las Cajas (como el Ayuntamiento de Vigo o la Diputación de Pontevedra, en los casos que me son más próximos), incurrieron en dejamiento de sus funciones ya que no facilitan, ni nunca facilitaron, información al respecto, ni a los clientes, ni la otras entidades interesadas en la Caja, ni al público en general, ni siquiera, parecer ser, sus compañeros de legislatura, siendo dichos organismos los más perjudicados (desde la perspectiva de su representatividad social) por la pérdida del citado patrimonio.
    Me parece que conviene una última reflexión: Aun suponiendo que la crisis financiera de las Cajas afectadas fuera tan grave que pusiera en peligro la recuperación inmediata de los ahorros confiados, es evidente que a los afectados pasivos debería dárseles la oportunidad de que participaran en la solución de los problemas (además de depurar las responsabilidades de sus dirigentes y de las autoridades destinadas a controlarlas) pudiendo llegar a proponer (como una acción solidaria de los clientes con SU CAJA DE AHORROS) moratorias en las retiradas de fondos o, incluso, aportaciones de nuevos depósitos, o anticipar pagos de créditos, o aceptar compensaciones en “especie”, desde obras de arte a la titularidad de inmuebles.
    En definitiva, si la situación era tan desastrosa como la pintaron, ¿por qué no se acudió a un concurso de acreedores, aplicando el DERECHO CONCURSAL, reconociendo cómo principales acreedores a los clientes?…
    Pero nunca se debió acometer una reforma que para nada podrá resolver los problemas existentes sin causar mayores perjuicios al conjunto de la sociedad, para el beneficio de los sustentadores de un mercado financiero basado en la especulación y el pillaje, englobándolo en un nefasto “oligopolio”.
    Parece lógico suponer que, en el caso de la aplicación de la Ley Concursal, lo único que ocurriría es que se nombrarían unos administradores públicos que pudieran resolver de la mejor forma el problema, diferenciando, además, a las distintas Cajas que se ha decidido fusionar, puesto que presentaban situaciones dispares.
    También, en el caso de las Cajas de Ahorro gallegas, parece importante referirse al papel desempeñado por la Xunta de Galicia que participó muy activamente en todo el proceso, llegando incluso a tener un conflicto con la Administración del Estado (Quizá en lo referente a que entidad bancaria se debería quedar con el pastel de las Cajas Gallegas), HABIENDO CLAROS INDICIOS DE SU COMPLICIDAD con la estrategia diseñada para hacer desaparecer las Cajas en beneficio de la Banca PRIVADA.
    En definitiva, me siento abrumado con la gravedad y extensión de la evidente conspiración para el expolio, ejemplo de la aplicación de unos principios de económicos que han generalizado una crisis surgida por la ineficacia o corrupción de aquellos que por sus cargos de responsabilidad no supieron o no quisieron evitar los abusos cometidos, sino más bien propiciarlos.
    Creo que se puede esperar el máximo esfuerzo de esa Fiscalía, para indagar en los ámbitos adecuados para la efectiva depuración de responsabilidades, provocando una reflexión en los políticos en general, que les obligue a rectificar los hechos.
    Y así lo firmo y ratifico en OURENSE, el 27 de abril de 2012

    _

  2. Laura dijo:

    Asco de Caixa, he ido a hacer un ingreso a una cuenta de la cual soy titular. Como vienen recomendando me he parado en el cajero automático para efectuar el ingreso, pero viendo que en el cajero habia una cola enorme me da por mirar dentro y veo la ventanilla vacía… oh!!!! Pues bien, entro y procedo a solicitar a la persona que esta sentada en ventanilla que me haga en ingreso y cual es mi sorpresa????? Esta persona se niega a hacerme el ingreso, me dice que por el cajero. Le comento que en el cajero hay cola y que en ventanilla no hay nadie y me contesta que eso es lo que ella quiere, que tiene mucho trabajo y que no me atiende.

    VERGUENZA DE PAIS Y DE CAIXA!!!!
    En cuanto pueda me desago de todas las cuentas que tengo en la Caixa, esto ya es el colmo!!!!

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